PP requests investigation into PSOE for alleged illegal financing

El PP mueve ficha el primer día de precampaña y se lanza a la ofensiva contra el PSOE en la Audiencia Nacional. Los populares apenas han tardado 24 horas en solicitar al magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que impute a la formación de izquierdas como persona jurídica en esas pesquisas por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación.

Los conservadores, que encabezan el grupo de acusaciones populares personadas en el sumario, dan este paso después de confiarse a los tribunales para desplegar buena parte de su estrategia de oposición durante esta legislatura. El caso Leire Díez se centra en la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para “desestabilizar” las causas judiciales que salpicaban al partido y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Este sumario describe un supuesto doble plan urdido para boicotear esas investigaciones: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participaban en las pesquisas, para “erosionar” así su “credibilidad”; y, por otro, un intento de “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en la Guardia Civil para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Todas estas actuaciones delictivas respondían a un mismo objetivo: proteger los intereses del PSOE”, incide el escrito del PP enviado a Pedraz, firmado ya por el abogado Henry Feltenstein, a quien la cúpula popular ha colocado al frente de las macrocausas donde participa el partido, sustituyendo a Alberto Durán, un histórico letrado de la formación. “Las actuaciones, indiciariamente delictivas, fueron promovidas desde la dirección del PSOE.

Consta indiciariamente acreditado que Santos Cerdán puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba”, apostilla el texto. Génova, que lleva meses augurando la imputación de los socialistas, da este paso sin esperar a que la UCO envíe a la Audiencia Nacional un informe que le ha solicitado el juez —con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción— sobre los movimientos registrados en 81 cuentas bancarias (entre ellas, seis del PSOE), impulsado en busca de pagos a la exmilitante y a otros investigados en el sumario.

El ministerio público, que ha situado hasta ahora a Cerdán en la cúspide de la trama y que no se ha pronunciado todavía sobre una posible imputación del PSOE, quiere averiguar quiénes son los “financiadores últimos” de las maniobras bajo sospecha. El PP subraya que la gerente socialista, Ana María Fuentes, también está imputada por ayudar supuestamente a confeccionar documentos mendaces: “Por lo tanto, no es solo que las actuaciones delictivas desarrolladas por la organización criminal se dirigieran a proteger los intereses del PSOE, sino que indiciariamente se promovieron, impulsaron, coordinaron y ejecutaron por quienes desempeñaban altas responsabilidades dentro del partido”. “Los delitos se cometieron en beneficio del PSOE”, reiteran los populares para sostener la responsabilidad de la formación de izquierdas como persona jurídica.